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La Ley de Bibliotecas Públicas de 1850 (13 & 14 Vict c.65) fue una ley del Parlamento del Reino Unido que otorgó por primera vez a los distritos locales la facultad de establecer bibliotecas públicas gratuitas. La Ley fue el primer paso legislativo en la creación de una institución nacional duradera que proporciona acceso universal y gratuito a la información y la literatura, y fue indicativa de las preocupaciones morales, sociales y educativas de la época. El legado de la Ley puede seguirse a través de la legislación posterior que se basó en los poderes concedidos en 1850 y los amplió, y las 4.145 bibliotecas públicas que existen en el Reino Unido en el siglo XXI pueden remontar sus orígenes a esta Ley.

Antecedentes históricos

En la década de 1830, en pleno auge del movimiento cartista, se produjo una tendencia general hacia el reformismo en el Reino Unido. Ello dio lugar a la promulgación de numerosas leyes, como la Ley de Reforma Parlamentaria de 1832, la Ley de Fábricas de 1833, el primer caso de subvención gubernamental para la educación ese mismo año y la Ley de Enmienda de la Ley de Pobres de 1834. El modelo económico capitalista había creado modelos de turnos que dejaban tiempo libre a los trabajadores, en contraste con el modelo agrario, y a las clases medias les preocupaba que el tiempo libre de los trabajadores no estuviera bien empleado. Esto se debió más al paternalismo de la clase media victoriana que a la demanda de los estratos sociales inferiores. Los activistas consideraban que animar a las clases bajas a emplear su tiempo libre en actividades moralmente edificantes, como la lectura, promovería un mayor bien social.

En 1835, y contra la oposición del gobierno, James Silk Buckingham, diputado por Sheffield y partidario del movimiento antialcohólico, consiguió la presidencia del comité selecto que examinaría "el alcance, las causas y las consecuencias del vicio imperante de la embriaguez entre las clases trabajadoras del Reino Unido" y propondría soluciones. Francis Place, un defensor de la clase trabajadora, estuvo de acuerdo en que "la creación de bibliotecas parroquiales y salas de lectura en los distritos, así como conferencias populares sobre temas entretenidos e instructivos para la comunidad, podrían atraer a muchos de los que ahora frecuentan los bares por el único placer que ofrecen". Buckingham presentó al Parlamento un proyecto de ley sobre instituciones públicas que permitía a los distritos cobrar un impuesto para crear bibliotecas y museos, el primero de este tipo. Aunque no se convirtió en ley, tuvo una gran influencia en los diputados William Ewart y Joseph Brotherton, que presentaron un proyecto de ley que "[facultaría] a los distritos con una población de 10.000 habitantes o más para recaudar un 1⁄2d para la creación de museos". Esta ley se convirtió en la Ley de Museos de 1845.

Comité restringido de 1849

La defensa de Ewart y Brotherton consiguió entonces que se creara un comité selecto para considerar la provisión de bibliotecas públicas. Un documento titulado "A statistical view of the main public libraries in Europe and the United States" ("Una visión estadística de las principales bibliotecas públicas de Europa y Estados Unidos") de Edward Edwards, asistente de la Biblioteca del Museo Británico, llamó la atención de Ewart y Edwards se convirtió en un testigo clave para el comité selecto. Edwards era "un antiguo albañil autodidacta ... apasionadamente convencido del valor y la importancia de las bibliotecas". El comité selecto de 1849 elaboró un informe en el que Edwards y Ewart se aseguraron de que "no quedara piedra sin remover" para demostrar que las bibliotecas públicas existentes eran inadecuadas y que las de otros países eran muy superiores. El comité selecto informó de que "mientras que nos enteramos de que, hace más de medio siglo, el primer paso que daba un escritor extranjero era consultar una biblioteca pública sobre el tema de sus estudios o composición, nos encontramos con que no existía tal auxiliar al servicio del intelecto británico". El informe también argumentaba que la provisión de bibliotecas públicas orientaría a la gente hacia hábitos templados y moderados, el mismo argumento que había esgrimido James Silk Buckingham quince años antes. Con vistas a maximizar el potencial de las instalaciones actuales, el comité formuló ciertas propuestas, entre ellas:

uso público de las bibliotecas universitarias
mejora del acceso público a la Biblioteca del Museo Británico
redistribución de los libros duplicados de la colección de la Biblioteca del Museo Británico a las bibliotecas locales

Para alcanzar tales fines, el comité formuló dos recomendaciones significativas. Sugirieron que el gobierno concediera subvenciones para ayudar a la fundación de bibliotecas y que se modificara y ampliara la Ley de Museos de 1845 para permitir la recaudación de un impuesto destinado a la creación de bibliotecas públicas. Sin embargo, no se consideró necesario subvencionar la provisión de existencias para las bibliotecas, por lo que la tasa debía utilizarse para proporcionar edificios, mobiliario y salarios del personal. Los autores del informe creen que las donaciones de los ciudadanos serían más que suficientes para abastecer las nuevas bibliotecas.

Ley de Bibliotecas Públicas de 1850

La Ley de 1850 fue mucho más polémica que la Ley de Museos de 1845. Entre los principales argumentos en contra de la Ley se encontraban:

Aunque los boroughs estaban representados por órganos electos, mucha gente argumentaba que la Ley imponía impuestos sin consentimiento.
Hubo oposición a la Ley simplemente por el hecho de que la fundación y el mantenimiento de las nuevas bibliotecas supondría un aumento de los impuestos, consensuado o no.
Se expresó la preocupación de que atentaría contra la empresa privada y la oferta bibliotecaria existente, como los institutos de mecánica.
El acceso a determinadas publicaciones no fomentaría la sociedad civil ni actuaría como forma de control social, y las bibliotecas se convertirían en cambio en lugares de agitación social. Esta cuestión estaba relacionada con la preocupación común de que la ampliación de la educación a los estratos más bajos de la sociedad llevaría a que las bibliotecas se convirtieran en "salas de conferencias" de la clase trabajadora, "lo que daría lugar a una agitación malsana".
Otros opinaban que había problemas más acuciantes y se preguntaban por la necesidad de una biblioteca cuando los niveles de alfabetización eran tan bajos.

Por el contrario, muchos se mostraron a favor, siempre que se limitara el nivel de los impuestos:

Las bibliotecas públicas ofrecerían a todas las clases sociales la posibilidad de mejorar a través de los libros y la lectura, y no sólo a quienes tuvieran la riqueza suficiente para permitirse sus propias bibliotecas y colecciones privadas.
El mayor nivel de educación alcanzado gracias a las bibliotecas públicas reduciría los índices de delincuencia.

Para que el proyecto de ley fuera aprobado por el Parlamento, hubo que hacer una serie de concesiones a su contenido original. Entre otras cosas, la Ley se limitaba a los distritos de más de 10.000 habitantes, en los que al menos dos tercios de los contribuyentes debían votar a favor en un referéndum local. El proyecto de ley derogaría la Ley de Museos de 1845, por lo que, para seguir financiando los museos de arte y ciencia, así como las nuevas bibliotecas gratuitas, se podrían aumentar las tasas locales, pero no más de 1⁄2d por £1. Sin embargo, tal como se establecía en el proyecto de ley, sólo se permitía gastar este gravamen en edificios y personal de bibliotecas y museos, pero no en libros y otras existencias.

Provisión escocesa

La Ley de Bibliotecas Públicas de 1850 se aplicaba inicialmente sólo a Inglaterra y Gales, pero se amplió a Escocia en 1853 y hubo otra Ley, la Ley de Bibliotecas Públicas (Escocia), al año siguiente, en la que se concedió a las autoridades bibliotecarias el derecho a aumentar la tasa en 1d. y a gastar el dinero en libros, mapas y especímenes, así como en edificios de bibliotecas y museos. Además, ya no era necesario que se celebrara un sondeo entre los contribuyentes para que se aprobara la Ley, sino que se autorizaba su adopción por mayoría de dos tercios en una reunión pública de quienes poseyeran u ocuparan una vivienda de 10 libras de valor anual. Se trataba de viviendas de las que cabía esperar razonablemente un valor anual neto de alquiler igual o superior a 10 libras. No obstante, los cinco votantes presentes podían solicitar una votación.

En 1855, se introdujeron enmiendas similares en Inglaterra y Gales en una ley de mayor alcance. Esta incluía disposiciones sobre la tasa de 1d y la autoridad para comprar libros, periódicos, mapas y especímenes. También contenía la enmienda que ya se había introducido en Escocia, la de la mayoría de dos tercios en una reunión pública de contribuyentes.

Más legislación

La Ley de 1850 era digna de mención porque establecía el principio de la gratuidad de las bibliotecas públicas, pero en la práctica resultaba insatisfactoria. Imponía muchas limitaciones al tipo de ayuntamientos que podían adoptarla, a la cantidad de dinero que se permitía gastar a los boroughs y a las formas en que se podía gastar ese dinero. Posteriormente se intentó desarrollar la ley y eliminar muchas de estas restricciones. En 1855, la tasa máxima que los boroughs podían cobrar para financiar las bibliotecas se aumentó a 1d. Al igual que la Ley de 1850, este proyecto de ley tuvo que ser guiado a través de la Cámara de los Comunes por William Ewart. Se encontró con una gran oposición y Ewart se vio obligado a abandonar una propuesta que permitía a los boroughs municipales adoptarla por simple resolución del ayuntamiento. Hubo cierta confusión en cuanto a la existencia de bibliotecas públicas fuera de las ciudades corporativas, es decir, las ciudades constituidas por ley y con derecho a aprobar ordenanzas y utilizar un sello común. Esto dificultaba la extensión de las bibliotecas públicas a las zonas rurales. La Ley de 1855 intentó resolver estas dificultades estableciendo que una autoridad bibliotecaria podía ser un consejo municipal, una junta o comisión de mejoras, una junta parroquial o un grupo de juntas parroquiales, siempre que tuvieran una población mínima de 5.000 habitantes. Desde el siglo XVIII, se habían creado juntas de mejoras en muchas zonas urbanas para asumir la responsabilidad de la pavimentación, el alumbrado y la limpieza de las calles, pero con el tiempo sus funciones fueron ampliando su alcance. A partir de 1835, sus responsabilidades fueron asumidas por los ayuntamientos elegidos en los boroughs reformados, pero continuaron en las zonas urbanas fuera de los boroughs. La transformación en bibliotecas públicas es otra ampliación de sus competencias. En 1866 se aprobó una ley de modificación que eliminaba por completo el límite de población y sustituía la mayoría de dos tercios requerida anteriormente para la adopción por una mayoría simple. También permitía a las parroquias vecinas unirse a una autoridad bibliotecaria existente o potencial. Esta ley abarcaba Escocia, Inglaterra y Gales, y en 1867 se aprobó otra ley en Escocia para modificarla y consolidarla, que establecía una forma de comité de bibliotecas compuesto por un máximo de veinte miembros, de los cuales la mitad debían ser miembros del consejo y la otra mitad elegidos por el consejo entre los propietarios de las casas.

Legado

Las Leyes de Bibliotecas Públicas de 1855 y 1866 fueron las últimas que impulsó William Ewart, que se jubiló en 1868. Había realizado grandes esfuerzos para promover el sistema de bibliotecas públicas en Gran Bretaña y quizás su mayor logro fue la eliminación completa de los límites de población, ya que permitía que incluso ciudades o parroquias muy pequeñas establecieran una biblioteca pública. Más tarde se descubrió que esto podía suponer un problema, ya que muchas bibliotecas públicas fueron creadas por autoridades bibliotecarias que, de hecho, no disponían de dinero suficiente para gestionar una biblioteca de forma satisfactoria.

A pesar del aumento del nivel de impuestos que las bibliotecas públicas podían recaudar, seguía siendo muy difícil para los distritos recaudar suficiente capital para financiar nuevas bibliotecas. El crecimiento del movimiento de bibliotecas públicas a raíz de la Ley de 1850 se basó en gran medida en las donaciones de filántropos como Andrew Carnegie, John Passmore Edwards y Henry Tate.

Véase también

Biblioteca pública
Ley de Bibliotecas Públicas

Referencias

Citas

Referencias generales y citadas

LISU (2009). Número de Bibliotecas. Consultado el 12 de abril de 2010.
McMenemy, D. (2009). La Biblioteca Pública de Londres: FACET
Kelly, Thomas, (1973). History of Public Libraries in Great Britain 1845-1965 Londres: Library Association
Kelly, T & Kelly, E (1977). Books for the People: an illustrated history of the British Public Library Londres: Andre Deutsch
Max, Stanley M. (1984). "Tory Reaction to the Public Libraries Bill, 1850." Journal of Library History (1984): 504-524. en JSTOR
Minto, J (1932). History of the Public Library Movement in Great Britain and Ireland London: Library Association
Murison, W J (1971). The Public Library: its origins, purpose and significance (2ª ed), Londres: Harrap
Sturges, P. (1996). "Conceptualización de la biblioteca pública 1850-1919". En: Kinnell, M. and Sturges, P. (eds.) Continuity and Innovation in the Public Library: the Development of a Social Institution. Londres: Library Association.

Para saber más

Gray, D. (1949)'The Public Library Makes a Century', Library Review, 12 (2) pp. 83–86.
Charing, S. (1995) 'Self-Help v State Intervention: the 1850 Public Library Act as a Reflection of Mid-Victorian Doctrine, Australian Library Journal 44(1), pp. 47–54.
Hoare, P. (ed.) (2006) Cambridge History of Libraries in Britain and Ireland, Cambridge: Cambridge University Press.

Fuentes primarias

Hansard, Debates Parlamentarios, 3ª serie, Vol. CIX (1850) Col. 848
Informe del Comité Selecto junto con pruebas y apéndice. (1834) Londres: Cámara de los Comunes.
Informe del Comité Selecto junto con pruebas y apéndice. (1849) Londres: Cámara de los Comunes.

Enlaces externos