Acuerdos de San Andrés

Acuerdo de San Andrés

Los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena es un documento que el gobierno de México firmó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996 para comprometerse a modificar la Constitución nacional para otorgar derechos, incluyendo autonomía a los pueblos indígenas de México y atender las demandas en materia de justicia e igualdad para los pobres del país.[1]

Acuerdos de San Andrés sobre "Derechos y Cultura Indígena"
Redacción Negociaciones inician desde el 17 de octubre de 1995
Firmado 16 de febrero de 1996
San Andrés Larráinzar, Chiapas, México
Firmantes EZLN y Representantes del gobierno mexicano

La firma de estos acuerdos ocurrió en el poblado de San Andrés Larráinzar, Chiapas, después de varios años de negociaciones a raíz del levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994, siendo presidente de la COCOPA en ese momento Jaime Martínez Veloz.[2]

Antecedentes

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Los pueblos indígenas en Chiapas, y en toda la República, comparten una historia de desigualdad, discriminación y explotación. Desde el levantamiento zapatista en enero de 1994, el EZLN buscó luchar contra estas situaciones. De esta forma, al momento de la firma de los Acuerdos de San Andrés, el propósito central era terminar con la exclusión política dirigida a los pueblos indígenas.[3]​ Por ello, en 1995 el Congreso de la Unión aprobó la Ley para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz Digna en Chiapas, lo que abrió la puerta a las negociaciones.[4]

Larráinzar fue el primer municipio de los Altos de Chiapas en donde el EZLN logró reclutar una amplia base de apoyo. Por el fuerte arraigo del levantamiento en el municipio, además de haber sido de los pocos en donde no se produjeron enfrentamientos violentos entre simpatizantes y no simpatizantes, el subcomandante Marcos propuso y obtuvo que las negociaciones con el gobierno fueran en San Andrés.[5]

Diálogos relacionados

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Se puede comparar el diálogo de San Andrés con el Foro de Derechos de los Pueblos Indígenas, efectuado en Matías Romero, Oaxaca, en 1989. La reunión fue una constatación de las condiciones en, por lo menos, 25 regiones indígenas del país y una petición de apoyo, correspondencia e identidades comunes. Otra referencia de diálogo comparable es el Foro Nacional Indígena de San Cristóbal de las Casas en enero de 1996, que fue una respuesta alterna, no excluyente, de un amplio sector, que ya no confiaba en las consultas promovidas por el gobierno. Los planteamientos del Foro rebasaron los de los acuerdos, pero estuvieron estrechamente ligados a la primera mesa del diálogo en San Andrés y ambos espacios se reforzaron mutuamente.[6]

Proceso

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Entre 1995 y 1996, San Andrés Larráinzar, rebautizado como San Andrés Sakamch’en de los Pobres por el ejército zapatista, sería escenario de uno de los ejercicios más democráticos que se tenga memoria en la historia reciente de México. Gobierno y EZLN construirían entre estires y aflojes, pero de cara a la sociedad, las propuestas que luego tendrían que verse convertidas en acuerdos para firmar la paz. Para ello, tanto los delegados gubernamentales como los zapatistas, con la supervisión de agentes de la Cocopa y la Conai, se hicieron acompañar de asesores expertos para cada uno de los temas en las mesas; a saber:[7]

  1. Derechos y cultura indígenas.
  2. Democracia y justicia.
  3. Bienestar y desarrollo.
  4. Derechos de la mujer en Chiapas.

El año de 1996 llegaría con la respuesta política del EZLN acerca de los resultados de la “Consulta por la Paz”, consulta que preguntaba a la sociedad civil si estaba de acuerdo con que el EZLN dejara las armas, y con la firma de los acuerdos de la primera de las cuatro mesas. Estos compromisos serían conocidos como los “Acuerdos de San Andrés”. La segunda mesa, concerniente a Democracia y Justicia, ocurrió en el transcurso del año, pero no fue firmada. Las dos últimas tenían que realizarse entre finales de 1996 y principios de 1997; finalmente, no ocurrieron.[7]

Mesa Uno

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El proceso de negociación de la Mesa Uno sobre Derechos y Cultura indígena comenzó en octubre de 1995 y duró poco más de cuatro meses. Las negociaciones involucraron a amplios sectores de la sociedad civil, además del EZLN y el gobierno como principales actores. La mesa uno puso en el centro de la agenda nacional a la cuestión indígena y culminó con la firma de los Acuerdos de San Andrés, que se enviarían a instancias de debate nacional. Para el EZLN, los compromisos en materia de derechos y cultura indígena fueron un triunfo y un espacio de legitimación.[8]

Mesa Dos

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A partir de la firma de los Acuerdos, siguió un periodo de avance en la Mesa Dos sobre Democracia y Justicia, que se prolongó hasta el 2 de septiembre de 1996, cuando el EZLN suspendió la negociación, argumentando que el gobierno no había cumplido con su compromiso de legislar sobre el tema.[8]

Contenidos de los Acuerdos

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Los Acuerdos de San Andrés se componen de tres documentos, que son:[9]

  1. “Pronunciamiento conjunto que el gobierno federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión nacional”.
  2. “Propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, correspondientes al punto 1.4 de las reglas de procedimiento”.
  3. “Compromisos para Chiapas del gobierno del estado y federal y el EZLN, correspondientes al punto 1.3 de las reglas del procedimiento”.

El Gobierno Federal asumió los siguientes compromisos, que apuntaban hacia modificaciones constitucionales en materia de derechos indígenas: reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución general; ampliar participación y representaciones políticas; garantizar acceso pleno a la justicia; promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas; asegurar educación y capacitación; garantizar la satisfacción de necesidades básicas; impulsar la producción y empleo y 8) Proteger a los indígenas migrantes.[10]

La nueva relación adoptaba los principios de pluralismo, libre determinación, sustentabilidad, consulta y acuerdo y descentralización democrática, que cabrían en un marco constitucional.[3]

En conclusión, “el Gobierno Federal asume el compromiso de construir, con los diferentes sectores de la sociedad y en un nuevo federalismo, un nuevo pacto social que modifique de raíz las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales con los pueblos indígenas. El pacto debe erradicar las formas cotidianas y de vida pública que generan y reproducen la subordinación, desigualdad y discriminación, y debe hacer efectivos los derechos y garantías que les corresponden: derecho a su diferencia cultural; derecho a su hábitat: uso y disfrute del territorio, conforme al artículo 13.2. del Convenio 169 de la OIT; derecho a su autogestión política comunitaria; derecho al desarrollo de su cultura; derecho a sus sistemas de producción tradicionales; derecho a la gestión y ejecución de sus propios proyectos de desarrollo”.[3]

Propuesta de ley e incumplimiento

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La propuesta de ley (que sería elaborada por la COCOPA, una comisión de legisladores de las dos cámaras federales y del congreso local) significaría, entre otros aspectos, el reconociendo constitucional a las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho público, brindando la posibilidad de que por primera vez en la historia del llamado México Independiente los pueblos indígenas pudieran elegir libre y democráticamente a sus representantes, como lo venían haciendo otros sectores de la población, entre otros aspectos del reconocimiento del derecho indígena. No obstante, la propuesta de ley presentada por la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, la mencionada COCOPA, no recogía en su totalidad los Acuerdos de San Andrés, firmados tanto por la delegación gubernamental como por la zapatista; los legisladores dijeron a ambas partes que lo presentado era lo mejor que podían hacer. El EZLN, dejando en claro que no estaba satisfecho del todo con la propuesta pero mostrando voluntad política, la aceptó en una etapa temprana del desarrollo de la misma.

Por su parte, el Ejecutivo federal, a través del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, aceptó, pero reservó la última palabra al presidente Zedillo, quien a inicios de diciembre de 1996 pidió tiempo para consultar la propuesta con los juristas y, en su lugar, presentó una propuesta ajena a lo pactado alegando que los términos del acuerdo "ponían en peligro la unidad del país".[4]​ En enero de 1997 los zapatistas rechazaron la propuesta del presidente, así como reabrir la negociación.[8]​ El diálogo se estancó y la solución a las demandas se pospuso de forma indefinida.

Ley Cocopa-EZLN-CNI

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Posteriormente, el 5 de diciembre de 2000, Vicente Fox envió al Senado la Propuesta de Ley Cocopa-EZLN-CNI, retomando los compromisos de los Acuerdos de San Andrés. El dictamen legislativo resultó una versión de la ley indígena que la opinión pública no conocía y fue acusada de recortar y traicionar los Acuerdos de 1996. La nueva iniciativa de Ley no tenía una estructura jurídica que contemplara la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, a pesar de que México había ratificado el Convenio 169 de la OIT.[11]​ El convenio de la OIT obligó a México en 1991 a reformar el artículo 4.º constitucional, en donde reconocía la pluriculturalidad de los pueblos indígenas y garantizaba el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. De nuevo, el EZLN rechazó la nueva ley y canceló toda posibilidad de negociación.[12]

Trascendencia

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La trascendencia de los Acuerdos fue poner la situación indígena en el centro del debate nacional a finales de la década de los noventa y principios de los 2000. El alcance y reclamos ante el incumplimiento de los mismos son aún vigentes. Incluso, a mediados del año 2015, Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, indicó que los acuerdos deben ser cumplidos y que deben ser plasmados en la Constitución federal.[13]

Referencias

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  1. Presidencia Zedillo. «Acuerdos». Archivado desde el original el 1 de diciembre de 2016. Consultado el 30 de noviembre de 2016.. 
  2. «Cocopa fue el correo; con maniobras y distorsiones, Gobernación obstruyó el proceso: Jaime Martínez Veloz - Proceso». Proceso. 3 de enero de 1998. Archivado desde el original el 29 de octubre de 2016. Consultado el 29 de octubre de 2016. 
  3. a b c Hernández Navarro, Luis (1998). «Acuerdos sobre derechos y cultura indígenas». Acuerdos de San Andrés. México: Ediciones Era. p. 53-95. 
  4. a b Márquez, Graciela (2010). «Del autoritarismo agotado a la democracia frágil». Nueva Historia general de México. México: El Colegio de México. p. 759. 
  5. Estrada Saavedra, Marco (2010). «Consideraciones finales: zapatismos locales». Los indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista: Microhistorias políticas. El Colegio de México. p. 419-420. 
  6. Vera Herrera, Ramón (1998). «La construcción del Congreso Nacional Indígena». En Hernández Navarro, Luis, ed. Acuerdos de San Andrés. Ediciones Era. p. 36-38. 
  7. a b López Monjardin, Adriana. «En busca de una utopía democrática». En Hernández Navarro, Luis, ed. Acuerdos de San Andrés. Ediciones Era. p. 105-106. 
  8. a b c Hernández Navarro, Luis. «Serpientes y Escaleras: los avatares de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas.». Acuerdos de San Andrés. Ediciones Era. p. 210-220. 
  9. Riojo, María del Pilar (Oct-Dec 1998). «La rebelión iusnaturalista en Chiapas: De la declaración de guerra a los Acuerdos de San Andrés Larrainzar». Foro Internacional. p. 475. 
  10. Sámano, Miguel Ángel (2012). Los acuerdos de San Andrés Laráinzar en el contexto de la declaración de los derechos de los Pueblos Americanos. Jurídicas UNAM. p. 107. 
  11. Gutiérrez, Natividad (2003). «La autonomía y resolución de conflictos étnicos: Los acuerdos de San Andrés Larráinzar.». Nueva Revista de Antropología. p. 11-39. Consultado el 30 de noviembre de 2016. 
  12. Sámano, Miguel Ángel (2012). Los acuerdos de San Andrés Laráinzar en el contexto de la declaración de los derechos de los Pueblos Americanos. Jurídicas UNAM. p. 105-106. Consultado el 30 de noviembre de 2016. 
  13. La Jornada, 27 de junio de 2015; "El movimiento zapatista, realidad política:Velasco Coello." Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Bibliografía

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  • Estrada Saavedra, Marco, et al, Los indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista: Microhistorias políticas, México, El Colegio de México, 2010.
  • Gutiérrez, Natividad, “La autonomía y resolución de conflictos étnicos: los acuerdos de San Andrés de Larráinzar”, Revista Nueva Antropología, 19 (2003), p.p. 11-39
  • Hernández Navarro, Luis, et al., Acuerdos de San Andrés, México, Ediciones Era, 1998.
  • La Jornada, 27 de junio de 2015; "El movimiento zapatista, realidad política: Velasco Coello." Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
  • Márquez, Graciela y Lorenzo Meyer, "Del autoritarismo agotado a la democracia frágil" en Velázquez García, Erik, et al., Nueva Historia general de México, México, El Colegio de México, 2010.
  • Rojo, María del Pilar, “La rebelión iusnaturalista en Chiapas: De la declaración de guerra a los Acuerdos de San Andrés Larrainzar”, Foro Internacional, 38 (1998), p. 475
  • Sámano, Miguel Ángel, Los acuerdos de San Andrés Laráinzar en el contexto de la declaración de los derechos de los Pueblos Americanos, Jurídicas UNAM, 2012.
  • Secretaría de gobernación, Presidencia Zedillo, http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/chiapas/docs/sanandres.html, consultado el 12 de octubre de 2016.

Enlaces externos

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