Begoña Gómez Fernández
María Begoña Gómez Fernández (Bilbao, 1975) es una mercadotécnica y consultora española. Es la esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Adquirió relevancia pública a partir de abril de 2024 a causa de una investigación judicial y la polémica política generada por ello.
Begoña Gómez | ||
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Información personal | ||
Nombre de nacimiento | María Begoña Gómez Fernández | |
Nacimiento |
29 de enero de 1975 Bilbao (España) | (49 años)|
Residencia | Palacio de la Moncloa | |
Nacionalidad | Española | |
Familia | ||
Padre | Sabiniano Gómez | |
Cónyuge | Pedro Sánchez (desde 2006) | |
Hijos | 2 | |
Educación | ||
Educación | bachillerato, mercadotecnia, Dirección Comercial y Marketing y maestría en administración de negocios | |
Información profesional | ||
Ocupación | Consultora y directora | |
Empleador |
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Biografía
Nacida en Bilbao, poco tiempo después se trasladó con su familia al municipio leonés de Valderas.[1] Durante su juventud se trasladó a Madrid, donde obtuvo un título en mercadotecnia. Aunque algunos medios han dado por bueno su currículum, en el que afirmaba que era una licenciatura obtenida en la Escuela Superior de Ingenieros Comerciales,[2] una investigación de Okdiario, en la que aportó testimonios de compañeros de estudios y del director de la escuela, así como una imagen de la orla, reveló que lo obtuvo en la academia M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios y que no es un título con valor oficial, por lo que su nivel de estudios es de bachiller.[3][4][5][6][7] Posee dos títulos propios:[9][cita requerida] uno en Dirección de Empresas y otro en Administración de Relación con Clientes y en Gestión de Datos.[10]
Trayectoria profesional
De 1996 a 1999 fue directora del Centro de Negocios Atenea. Inició su relación laboral con el grupo Inmark en el año 2000, donde llegó a ser Directora de consultoría en externalización comercial, hasta 2018.[11]
De 2018 a 2022 fue directora ejecutiva del Africa Center del Instituto de Empresa (IE). Desde 2020 codirige la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid,[12] a la vez que ejerce como codirectora y docente del máster impartido por dicha cátedra.[10][13][14]
Vida personal
En 2006 se casó con el político socialista Pedro Sánchez,[15] con quien tiene dos hijas:[16][17]Ainhoa (2005) y Carlota (2007).[4] Su boda civil fue oficiada por la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Trinidad Jiménez.[18]
Investigación judicial
El 24 de abril de 2024 un juez abrió una investigación contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada[19] a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias,[11][20] que la Fiscalía pidió archivar.[21][22][23] Días después, la organización de extrema derecha HazteOir.org[24] y el partido político Vox, se personaron como acusación particular en la causa, [25] y posteriormente lo hicieron el partido Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España.[19][26]
Presuntamente, el empresario y experto tecnológico Juan Carlos Barrabés ayudó a Begoña Gómez a poner en marcha la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid.[27]
El informe preliminar de la Unidad Central Operativa (UCO),[cita requerida] el órgano central de la Policía Judicial de la Guardia Civil, sobre Barrabés afirmaba que tanto la consultora Innova Next como la escuela de negocios The Valley, de Juan Carlos Barrabés, habían recibido 15,6 millones de euros en contratos públicos. Estos contratos habrían sido otorgados desde los ministerios de Economía, Educación, Industria, Transportes, Trabajo y Seguridad Social y habrían sido adjudicados desde el Consejo Superior de Deportes, dependiente del Ministerio de Educación que dirigía Pilar Alegría, por un importe de 3 684 317 euros, firmado el 4 de agosto de 2022; desde Renfe, dependiente del Ministerio de Transportes, que en ese momento estaba dirigido por Raquel Sánchez Jiménez, por un importe de 1 985 621 euros, firmado el 14 de noviembre de 2022; y desde la empresa pública ICEX España Exportación e Inversiones, dependiente del Ministerio de Economía, dirigida por aquel entonces por Nadia Calviño, por un importe de 130 032 euros, adjudicado el 25 de octubre de 2021. Otros organismos que firmaron acuerdos con Innova Next SLU fueron: la Empresa Nacional de Innovación, del Ministerio de Industria; la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, e Ibermutua, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por su parte, The Valley, gestionada desde la sociedad The Valley Digital Business School SL y que supuestamente recibieron del Instituto de Crédito Oficial en septiembre de 2021 tres ayudas por importe de 220 000, 96 000 y 60 000 euros.[28]
La UCO, en su informe preliminar, no apreció ningún indicio de los delitos de los que se le acusaba, ni vínculo entre la señora Gómez y Juan Carlos Barrabés,[29][30] ni pruebas de que influyera en el rescate de Air Europa.[29][31][30] A pesar de ello la Audiencia Provincial de Madrid avaló la investigación pidiendo que se centrara en las supuestas ayudas a la UTE vinculada al empresario Carlos Barrabés y descartasen lo relativo al rescate de Air Europa.[32][33]
En un informe posterior, la UCO desveló que Juan Carlos Barrabés se hizo con 99 expedientes de contratación entre 2015 y 2024 a través de seis sociedades (con participación accionarial o en sus órganos de administración) «por un importe total de adjudicación que asciende a 2 492 443,60 euros (IVA no incluido)». Entre las administraciones públicas contratantes se encontraría el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Martínez-Almeida, que habría contratado por 1,7 millones de euros (IVA no incluido),[34] la Generalidad Valenciana, presidida por aquel entonces por Ximo Puig, y tres administraciones dependientes directamente del Gobierno central: Red.es, Consejo Superior de Deportes y Renfe.[35]
Un nuevo informe, fechado el 2 de julio, sostuvo que no había «indicios delictivos» ni «irregularidades o anormalidades detectadas de índole administrativo» en las dos supuestas operaciones en las que habría influido Begoña Gómez.[36][37]
El 10 de junio la Fiscalía Europea, que rechazó la acusación particular de Vox debido a que estas no son permitidas en este tipo de procedimientos,[38] reclamó al juez que asumía parte de la investigación de la causa por presunta corrupción alegando que había involucrados fondos europeos.[39]
El viernes 5 de julio de 2024 Begoña Gómez fue citada a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid ante el juez Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41. Peinado le imputa varios delitos de corrupción y tráfico de influencias.[40][41] Su visita a los juzgados contó con un dispositivo policial calificado de «sin precedentes» por la prensa.[42][43] A petición de la defensa, que alegó que no fue notificada de la querella, el juez suspendió la declaración y volvió a citar a la imputada el 19 de julio.[44][45]
El 15 de julio de 2024 declaró como testigo Juan Carlos Barrabés. Aseguró haberse reunido hasta en ocho ocasiones con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, y al menos en dos ocasiones estando presente el presidente Pedro Sánchez. [46] El día 19 de julio de 2024 el juzgado de Instrucción 41 de Madrid decretó la imputación por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios de Juan Carlos Barrabés.[47] La defensa del empresario, amparándose en los informes UCO que concluían que las adjudicaciones a su empresa «se produjeron con absoluta normalidad», recurrió al considerar que el juez carecía de justificación alguna.[36]
La Universidad Complutense remitió al juez un informe en el que apreciaba indicios de que Begoña Gómez podía haber incurrido en un delito de apropiación indebida al haberse apropiado de software financiado por la propia Universidad, y al haber emitido contratos y gastos en nombre de la Universidad sin estar autorizada para ello. Asimismo el informe indicaba la falta de colaboración por parte de la investigada.[48]
El 19 de julio de 2024 Begoña Gómez se negó a declarar ante el juez Peinado.[49] En la posterior declaración de los vicerrectores de la Universidad Complutense estos declararon haber advertido a Begoña Gómez que no podía poner a su nombre el software financiado por la Universidad Complutense. Asimismo el vicerrector Juan Carlos Doadrio declaró que fue el rector Joaquín Goyache quien le ordenó directamente crear la cátedra de Begoña Gómez. [50] Goyache, inicialmente llamado a declarar como testigo, adquirió más tarde la condición de investigado.[51]
El 22 de julio, el juez citó para declarar como testigo al presidente Pedro Sánchez quien, según el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,[52][54]no está obligado a declarar contra su cónyuge. Frente al juez, quien se trasladó al Palacio de la Moncloa para el interrogatorio, Sánchez se acogió a su derecho a no declarar. El mismo día, la Abogacía del Estado presentó una querella por prevaricación contra el juez Peinado en nombre del presidente del Gobierno.[55] Por su parte, Vox, Hazte Oír y Iustitia Europa presentaron una querella por malversación contra Pedro Sánchez.[56] Por último, el 2 de agosto, la propia Begoña Gómez presentó una querella por revelación de secretos y prevaricación contra el juez Peinado.[57]
La Audiencia Provincial de Madrid decidió estudiar los recursos presentados por la Fiscalía y los abogados de Barrabés y Gómez, el 30 de septiembre; la defensa de Begoña Gómez pidió más celeridad para resolverlos.[36][58]
En relación con la causa abierta, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Patxi López, acusó al juez Peinado de hacer «una investigación prospectiva para ver si encuentra algo» sobre Begoña Gómez, algo que está prohibido en la legislación española. También acusó al Partido Popular de hacer «una cacería política» y de que el caso «es un montaje de la ultraderecha contra el presidente del Gobierno».[59] Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, secretario general del PP, manifestó que Sánchez «tiene un problema con la corrupción» y propuso «varias medidas de regeneración: primera, “que no se den cátedras a no licenciados”; “segundo, que Moncloa no sea la puerta de atrás para conseguir fondos públicos reunidos con el de la Oficina de Fondos Públicos”».[60]
Referencias
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- ↑ La citación tendría lugar en Moncloa pues La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los jueces se desplazarán al domicilio u oficina de los presidentes del Gobierno cuando tomen su declaración como testigo en la fase de instrucción[53]
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