Caso Centros Poblados

El Caso Centros Poblados, también conocido como "caso MinTic" o "escándalo Abudinen", se refiere a un caso de corrupción política en Colombia denunciado en agosto de 2021, en el que la Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC, Karen Abudinen, fue denunciada por procesos irregulares de contratación pública de tecnologías de conectividad e implementación de cobertura de internet en escuelas de zonas rurales de Colombia; el Ministerio MinTIC adjudicó un contrato por valor de un billón de pesos colombianos (250 millones de dólares USD) al contratista Unión Temporal Centros Poblados, que no contaba con la experiencia ni las capacidades técnicas para ejecutar dicho contrato y que durante el proceso presentó tres pólizas de cumplimiento falsas. El Ministerio MinTIC giró al contratista un anticipo por 70.000 millones de pesos colombianos (17,5 millones de dólares USD); el contratista incumplió el contrato, el dinero fue sacado del país y llevado a una empresa en el paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos de América.​

Caso Centros Poblados
Tribunal	Fiscalía General de la Nación
Fecha	2021 - 2024
Palabras clave
corrupción, falsificación

Orígenes

Desde diciembre de 2020 medios de comunicación como la W Radio venían advirtiendo evidentes irregularidades en el proceso de contratación para brindar internet a miles de escuelas rurales colombianas, ubicadas en las zonas más apartadas del país, en un primer momento, al evidenciarse que un funcionario activo del MinTic, que tenía estrecha relación con la ministra Abudinen, era, a la vez, el apoderado de uno de los proponentes del proceso de licitación,​ situación que llevó a algunos participantes de la licitación a presentar una recusación contra la ministra, por tener conflicto de interés al estar adjudicando un contrato donde uno de los interesados era representado por un asesor de su despacho, la recusación fue negada por el consejo de ministros del presidente Iván Duque,​ posteriormente, estalló un nuevo escándalo por cuanto se supo que se había habilitado a la Unión Temporal Centros Poblados para participar del proceso de licitación, a pesar de no tener experiencia alguna en gestión de redes de internet y de estar conformada por empresas con patrimonios muy bajos, algunas de las cuales habían sido denunciadas por incumplir pequeños contratos de obra pública,​ lo que generaba serias sospechas sobre la transparencia del proceso de selección del contratista, situación que se agravó cuando la periodista de la W Radio, Paola Herrera, denunció que la licitación establecía que el ganador sería el proponente que prometiera hacer más conexiones a internet, no el que tuviera mayor capacidad o experiencia, lo que claramente favorecía que el contrato se lo llevara un contratista que no iba a cumplir, frente a esta situación, la ministra se defendió diciendo que "no hay malos contratistas, sino malos supervisores"​ las demás irregularidades fueron negadas por la ministra de manera reiterada​ por lo que finalmente, el contrato se adjudicó y firmó, quedando la UT Centros Poblados como contratista encargado de ejecutar un billón de pesos (unos 250 millones de dólares) para llevar internet a 7.277 escuelas rurales de Colombia. Superando a reconocidas empresas del sector como la ETB o Skynet.

Ante las preocupaciones que generó el entregarle un contrato tan cuantioso y de tan grandes requisitos técnicos a una unión temporal sin experiencia ni logística en temas de conectividad a internet, en un momento tan crítico como lo era la pandemia del COVID19, que obligó a los estudiantes a tener clases de forma remota, por lo que era crítico que los estudiantes de las zonas apartadas tuviera conexión a internet, la ministra Abudinen se dedicó a defender su gestión y la idoneidad del contratista elegido, llegando incluso a decir en Noticias CARACOL que si el contrato no se cumplía, la tenían que llevar "al cementerio"​ durante una entrevista con Juan Diego Alvira, donde se comprometió a volver al set del noticiero en caso de un incumplimiento contractual.

Incumplimiento y pólizas falsas

En junio de 2021 eran evidentes los incumplimientos del contratista al contrato adjudicado puesto que, a pesar de llevar seis meses de ejecución del contrato y haber recibido un anticipo por 70.000 millones de pesos colombianos ($17.5 millones de dólares USD) todavía no había instalado ni un solo punto de internet,​Durante una audiencia de seguimiento al incumplimiento del contrato, a la que asistieron los representantes del Banco Itaú Colombia y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el MinTIC planteó siniestrar la Póliza de Cumplimiento del Contrato que garantizaba que, de no cumplir el contrato, el contratista estaba obligado a devolver el valor del anticipo; la póliza en poder del MinTIC había sido emitida por el Banco Itaú Colombia; frente a ese planteamiento el representante del Banco Itaú declaró que el Banco no había expedido ninguna póliza y que el documento presentado como Póliza de Cumplimiento para el desembolso del anticipo era falso; el MinTIC anunció acciones legales contra el contratista que se defendió afirmando que las póliza sí era real. Todo fue denunciado por la periodista Paola Herrera en junio de 2021, sin que trascendiera a la opinión pública colombiana.​

A finales de julio de 2021, La W Radio destapó que no hubo solo una póliza falsa, como afirmó el MinTIC en la audiencia de incumplimiento del contrato, sino que en total habían sido tres pólizas falsas presentadas y aceptadas por el Ministerio MinTIC.​ El 2 de agosto de 2021, el Banco Itaú Colombia confirmó nuevamente que todos los amparos (pólizas) presentados por la Unión Temporal Centros Poblados eran falsos, y denunció que no correspondían en ninguna forma con los documentos originales que emite el Banco, siendo burdas falsificaciones; el Banco Itaú ha ratificado esto en varias ocasiones,​ Frente a esto la Ministra de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones Karen Abudinen se defendió diciendo que había retirado a ocho personas del ministerio por omitir los controles del caso.​

Semanas después se destapó que la póliza falsa, que amparaba el pago de varios millones de dólares, había sido revisada y aprobada en el MinTIC en apenas 18 minutos,​ lo que aumentó la indignación nacional por este caso.

A inicios de septiembre más funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de Colombia MinTIC fueron separados de sus cargos; no obstante, creció el descontento general y se volvieron más frecuentes las solicitudes de renuncia de la ministra.​

Desde julio de 2021 el Ministerio MinTIC abrió un proceso de Caducidad del Contrato contra el contratista Unión Temporal Centros Poblados, debido al incumplimiento contractual evidenciado, y a la presentación de Pólizas de Cumplimiento de Contrato falsas para ganar la licitación; para su defensa el contratista decidió contratar al abogado Jorge Pino Ricci, conocido por su relación cercana con Miguel Nule Velilla, contratista vinculado al escándalo del Carrusel de la Contratación.​ A través de su abogado el contratista Unión Temporal Centros Poblados intentó aplazar en varias ocasiones el trámite del proceso de Caducidad del Contrato; no obstante, el 13 de agosto de 2021 se declaró la caducidad​ lo que significó que el contrato finalizó inmediatamente, y se hizo efectiva la cláusula penal por el valor de treinta y nueve mil quince millones de pesos ($39.015.000.000), aproximadamente doce millones de dólares.​

El 24 de agosto de 2021, el juez Alberto Mario Ospino, del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, Atlántico, en respuesta a una acción de tutela presentada por el abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, ordenó suspender la Caducidad y continuar con el Contrato,​ Está situación generó gran indignación en el país porque la tutela no se presentó en Bogotá D.C., ciudad donde se firmó el contrato, si no en el apartado pueblo de Puerto Colombia, donde solo hay un juez promiscuo ubicado en el área de influencia de los propietarios de las empresas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados; de esta misma zona es originaria la Ministra de las TIC Karen Abudinen, y esto generó fuertes sospechas sobre el trasfondo de ese fallo judicial; la decisión judicial se conoció a nivel nacional y el juez promiscuo procedió con rapidez a revertir su propia sentencia al declarar improcedente la acción de tutela, y al día siguiente 25 de agosto de 2021, volvió a estar vigente la Caducidad del Contrato.​

Moción de censura y renuncia de la ministra Abudinen

En agosto de 2021, cuando el escándalo ya había escalado a nivel nacional e internacional, incluyendo una controversia por el uso del apellido de la ministra como sinónimo de robar (abudinear), situación que incluso fue registrada por la RAE,​ varios representantes a la cámara, especialmente del partido alianza verde, citaron a un debate de moción de censura a Abudinen​ el debate fue programado para el viernes 3 de septiembre de 2021 por la presidenta de la cámara, Jenifer Arias, y se llevó a cabo con fuertes enfrentamientos entre los representantes del partido verde (citantes) y miembros del gobierno de Iván Duque y del centro democrático, Karen Abudinen se defendió airadamente, diciendo que ella no tenía nada que ver con la corrupción que había acontecido y amenazó con entablar acciones legales contra los congresistas que la habían criticado, para defender su honra, aunque días después se retractó. A pesar de contar abiertamente con el respaldo del presidente Duque, poco a poco los partidos de las mayorías parlamentarias gobiernistas empezaron a apoyar la moción de censura en su contra, principalmente por la gravedad del escándalo y la cercanía de las elecciones de 2022,​ situación que obligó al presidente Duque a pedirle la renuncia a la ministra, para que saliera del cargo antes de ser removida por los parlamentarios,​ el 9 de septiembre de 2021, un día antes de la votación, Abudinen anunció su renuncia irrevocable,​ con la salida de la ministra, bajó la presión social al congreso para votar la moción de censura, por lo que, el 10 de septiembre de 2021, cuando por fin se votó, la mayoría de los parlamentarios se abstuvieron de votar, razón por la cual, si bien hubo una amplía mayoría de votos a favor de la censura de la ministra que ya había renunciado, no se alcanzó el quorum necesario para aprobar la moción de censura.​

"Responsables de Centros Poblados deberán pagarle al Estado $87.027 millones por incumplir contrato​

Para la Contraloría, se trató de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, pues no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales. del caso"

Desde la adjudicación del contrato, fue controvertida la selección de la UT Centros Poblados como ganadora, por ser una firma que no tenía ninguna experiencia brindado servicios de conectividad a internet y por estar conformada por empresas vinculadas a escándalos de corrupción.

Para junio de 2021 ya eran evidentes los incumplimientos del contrato. Al incumplir el contrato la firma "Centros Poblados" fue citada a conciliación junto con el Banco Itaú, al momento de indagar sobre las garantías el banco manifiesta que las pólizas son ilegales. Posteriormente Efraín Gónzales, uno de los socios de la firma contratante denuncia que su firma en el contrato fue falsificada y que desconoce el paradero de los recursos girados.​

En septiembre de 2021 Emilio Tapia fue recapturado por la Fiscalía General de la Nación al verse involucrado en el escándalo de la contratación de MinTic para proveer internet a zonas rurales en el que se encuentran perdidos 70.000 millones de pesos. Su nombre ha sido mencionado como estructurador del proyecto y como artífice de la falsificación de pólizas de seguro que fueron presentadas en la licitación de este proyecto.​

Si bien el presidente Iván Duque aseguró en agosto de 2021 que "se recuperará todo el dinero entregado",​ en enero de 2022 la ministra de las TIC Carmen Ligia Valderrama, quien fue nombrada en reemplazo de Abudinen, manifestó en los medios que "la plata no se ha recuperado y están en el proceso de recaudar esos dineros".​

El escándalo dejó en evidencia un claro entramado de desviación del recurso billonario hacia los contratistas particulares con firmas falsas y cuentas bancarias falsas.​

Referencias

• Datos: Q110090444