Usuario:Juniorlol05/Orden ejecutiva 9066

Letrero que notifica a las personas de ascendencia japonesa que se presenten para ser encarcelados

Una niña detenida en Arkansas camina hacia la escuela en 1943.

La Orden Ejecutiva 9066 fue una orden ejecutiva presidencial de los Estados Unidos firmada y emitida durante la Segunda Guerra Mundial por el presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt el 19 de febrero de 1942. "Esta orden autorizó el traslado forzoso de todas las personas consideradas una amenaza a la seguridad nacional desde la costa oeste a "centros de reubicación" más hacia el interior, lo que resultó en el encarcelamiento de estadounidenses de origen japonés ". ​ Dos tercios de los encarcelados eran ciudadanos estadounidenses, nacidos y criados en los Estados Unidos.

Se sabe que muchos más estadounidenses de ascendencia asiática fueron internados por la fuerza que ciudadanos de ascendencia europea, tanto en cifras absolutas como en función a sus poblaciones relativas. Los alemanes e italoamericanos que fueron enviados a campos de internamiento durante la guerra fueron enviados bajo las disposiciones de la Proclamación Presidencial 2526 y la Ley de Enemigos Extranjeros, parte de la Ley de Extranjería y Sedición de 1798 .

Transcripción de la Orden Ejecutiva 9066

El contenido de la Orden Ejecutiva 9066 fue el siguiente: ​

Orden Ejecutiva No. 9066

El presidente

Orden ejecutiva

Autorización al Secretario de Guerra para designar áreas militares

Considerando que el desarrollo exitoso de la guerra requiere toda la protección posible contra el espionaje y el sabotaje al material de defensa nacional, a las instalaciones de la defensa nacional y a los servicios públicos de la defensa nacional, tal como se definen en la Sección 4, Ley del 20 de abril de 1918, 40 Stat. 533, modificada por la Ley de 30 de noviembre de 1940, 54 Stat. 1220, y la Ley de 21 de agosto de 1941, 55 Stat. 655 (U.S.C., Título 50, Sec. 104);

Ahora, por lo tanto, en virtud de la autoridad que me ha sido conferida como Presidente de los Estados Unidos y Comandante en Jefe del Ejército y la Marina, por la presente autorizo ​​y ordeno al Secretario de Guerra y a los Comandantes Militares que el pueda designar,que siempre que él o cualquier Comandante designado considere que dicha acción es necesaria o deseable, pueda designar áreas militares en los lugares y con la extensión que él o el Comandante militar apropiado determine, de las cuales cualquiera o todas las personas puedan ser excluidas, y con respecto a el cual, el derecho de cualquier persona a entrar, permanecer o salir estará sujeto a cualesquiera restricciones que el Secretario de Guerra o el Comandante Militar correspondiente pueda imponer a su discreción. Por la presente se autoriza al Secretario de Guerra a proporcionar a los residentes de cualquiera de dichas áreas que estén excluidos de la misma, el transporte, la comida, el refugio y otros alojamientos que sean necesarios, a juicio del Secretario de Guerra o de dicho Comandante Militar, y hasta que se hagan otros arreglos para lograr el propósito de esta orden. La designación de áreas militares en cualquier región o localidad reemplazará las designaciones de áreas prohibidas y restringidas por el Procurador General bajo las Proclamaciones del 7 y 8 de diciembre de 1941, y reemplazará la responsabilidad y autoridad del Procurador General bajo dichas Proclamaciones con respecto de dichas zonas prohibidas y restringidas.

Por la presente autorizo ​​y ordeno además al Secretario de Guerra y a dichos Comandantes Militares que tomen otras medidas que él o el Comandante Militar apropiado consideren aconsejable para hacer cumplir las restricciones aplicables a cada área militar aquí arriba autorizada para ser designada, incluyendo el uso de tropas federales y otras agencias federales, con autoridad para aceptar asistencia de agencias estatales y locales.

Por la presente autorizo ​​y ordeno además a todos los Departamentos Ejecutivos, establecimientos independientes y otras Agencias Federales, que ayuden al Secretario de Guerra o a dichos Comandantes Militares en el cumplimiento de esta Orden Ejecutiva, incluido el suministro de asistencia médica, hospitalización, alimentos, ropa, transporte, uso de la tierra, refugio y otros suministros, equipos, utilidades, instalaciones y servicios.

Esta orden no se interpretará como que modifica o limita de ninguna manera la autoridad otorgada hasta ahora bajo la Orden Ejecutiva No. 8972, de fecha 12 de diciembre de 1941, ni se interpretará como que limita o modifica el deber y responsabilidad del Negociado Federal de Investigaciones. con respecto a la investigación de presuntos actos de sabotaje o el deber y responsabilidad del Fiscal General y el Departamento de Justicia bajo las Proclamaciones del 7 y 8 de diciembre de 1941, que prescriben regulaciones para la conducta y el control de enemigos extranjeros, excepto como tal deber y la responsabilidad queda reemplazada por la designación de áreas militares a continuación.

Franklin D. Roosevelt

La casa Blanca,

19 de febrero de 1942.

Antecedentes de la orden

Está orden fue coherente con las opiniones raciales conocidas hasta la fecha del presidente Roosevelt hacia los estadounidenses de origen japonés. Por ejemplo, durante la década de 1920, había escrito artículos en el Macon Telegraph oponiéndose a los matrimonios mixtos entre blancos y japoneses por fomentar "la mezcla de sangre asiática con sangre europea o americana" y elogiando la prohibición de California hacia la posesión de tierras por parte de los japoneses de primera generación. En 1936, mientras era presidente, escribió en privado que, con respecto a los contactos entre los marineros japoneses y la población japonesa estadounidense local en caso de guerra, “todo ciudadano japonés o no ciudadano en la isla de Oahu que se encuentre con estos barcos japoneses o tenga alguna

conexión con sus oficiales u hombres debe ser identificada de manera secreta pero definitiva y su nombre debe incluirse en una lista especien ld que se incluyan a ae aquellos que serían los primeros en ser enviados a un campo de concentración. " Además, durante el perí,odo cruciaara el devenir de los acontecimientos, pl posterior a Pearl Harbor, el presidente no se pronunció a favor de los derechos de los estadounidenses de origen japonés a pesar de las insistencias sus de asesores copor ejemplo, mo John Franklin Carter . Durante el mismo período, Roosevelt rechazó las recomendaciones del Fiscal General Francis Biddle y otros altos asesores, que se oponían al encarcelamiento de los estadounidenses de origen japonés. ​

Objetivos de exclusión.

Es destacable que en el texto oficial emitido por Roosevelt no se utilizaran los términos japonés o japonés-estadounidense, empleandose eufemismos codificados como "todas y cada una de las personas [que] puedan ser excluidas". El uso de este lenguaje ambiguo, es similar a la referencia a los esclavos "todas las demás personas" en la Constitución de Estados Unidos. La falta de una mención específica a los japoneses o a los estadounidenses de origen japonés también caracterizó la Ley Pública 77-503, que Roosevelt firmó el 21 de marzo de 1942 para hacer cumplir la orden ejecutiva 9066. ​

La Ley Pública 77-50 (aprobada tras tan sólo una hora de discusión en el Senado y treinta minutos en la Cámara de representantes) emitida para facilitar la aplicación de su orden ejecutiva. Escrita por el funcionario del Departamento de Guerra Karl Bendetsen —que más tarde sería ascendido a Director de la Administración de Control Civil en Tiempos de Guerra y supervisaría el encarcelamiento de estadounidenses de origen japonés ​ —la ley convertía las violaciones de órdenes militares en un delito menor punible con multas de hasta 5.000 dólares y una multa de hasta 5.000 dólares. año en prisión. ​

Mediante una interpretación amplia de la EO (orden ejecutiva) 9066, el teniente general John L. DeWitt emitió órdenes declarando ciertas áreas del oeste de los Estados Unidos como zonas de exclusión. A diferencia de en la EO 9066, el texto de estas órdenes no utilizó eufemismos codificados, como "cualquier persona [que] pueda ser excluida", sino que especificó "todas las personas de ascendencia japonesa". ​ Como resultado, aproximadamente 112.000 hombres, mujeres y niños de ascendencia japonesa fueron desalojados de la costa oeste de los Estados Unidos continentales y retenidos en campos de reubicación estadounidenses y otros sitios de confinamiento en todo el país. La EO 9066 no se aplicó de manera tan radical a las personas de ascendencia no japonesa. En particular, en una carta de 1943, el Fiscal General Francis Biddle le recordó a Roosevelt que "usted firmó la Orden Ejecutiva original que permitía las exclusiones para que el Ejército pudiera manejar a los japoneses. Nunca tuvo la intención de aplicarse a italianos y alemanes". ​

Roosevelt esperaba establecer campos de concentración para japoneses estadounidenses en Hawái incluso después de firmar la Orden Ejecutiva 9066. El 26 de febrero de 1942, informó al Secretario de la Marina Knox que "hacía mucho tiempo que sentía que la mayoría de los japoneses debían ser trasladados de O‘ahu a una de las otras islas". Sin embargo, el tremendo costo, incluido el desvío de barcos de las líneas del frente, así como la resistencia silenciosa del comandante militar local, el general Delos Emmons, hicieron que esta propuesta fuera poco práctica. Es por esto que los estadounidenses de origen japonés en Hawái nunca fueron encarcelados. ​ Aunque la población japonés-estadounidense en Hawái era de casi el 40% de la población y pese a que se sabia que Hawái habría sido uno de los primeros objetivos militares de los japoneses, sólo unos pocos miles de personas fueron detenidas en las islas. Esto apoyó la conclusión final a la que llego el gobierno, en la que apuntaban que la expulsión masiva de residentes estadounidenses de etnia japonesa de la costa oeste fue motivada por razones distintas a la "necesidad militar". ​

Los estadounidenses de origen japones y otros asiaticos en los Estados Unidos habian sufrido prejuicios y temor hacia sus personas por motivos raciales durante decadas. Esta discriminación se extendia también al ambito legal a traves de leyes de discriminación por raza ( o leyes racistas) las cuales impedian a los asiatico-americanos poseer tierras, votar, testificar en contra de "blancos" en procesos judiciales entre otras restricciones.

Además, el FBI, la Oficina de Inteligencia Naval, y la División Militar de Inteligencia de los EEUU, habían estado realizando controles y vigilancia sobre la conducta de las comunidades Japones-Americanas en Hawái y en los EEUU continentales, desde principios de 1930.​

A principios de 1941, el presidente Roosevelt encargó en secreto un estudio para evaluar la posibilidad de que los estadounidenses de origen japonés representaran una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El informe, entregado una semana antes del bombardeo Japones a Perl Harbor, concluyo que; "no habrá ningún levantamiento armado de los japoneses en Estados Unidos". "En su mayor parte", decía el Informe Munson, "los japoneses locales son leales a Estados Unidos o, en el peor de los casos, esperan que si permanecen tranquilos puedan evitar los campos de concentración o turbas irresponsables".​Una segunda investigación fue iniciada en 1940, escrita por el oficial de Inteligencia Naval Kenneth Ringle y presentada en enero de 1942, tampoco encontró evidencia de actividad potencialmente peligrosa para la seguridad nacional e instó a no encarcelar en masa.​Ambos estudios fueron ignorados por los lideres tanto militares como políticos.

Más de dos tercios de las personas de etnia japonesa que fueron encarceladas (casi 70.000) eran ciudadanos estadounidenses. Muchos otros habían vivido en el país entre 20 y 40 años. La mayoría de los estadounidenses de origen japonés, en particular la primera generación nacida en Estados Unidos (los Nisei ), se identificaban como leales a los Estados Unidos de América. Ningún ciudadano japonés-estadounidense o ciudadano japonés de los que residían en los Estados Unidos fue declarado culpable de sabotaje o espionaje .​

Hubo 10 de estos campos de internamiento en todo el país, llamados “centros de reubicación”. En concreto, dos en Arkansas, dos en Arizona, dos en California, uno en Idaho, uno en Utah, uno en Wyoming y uno en Colorado. ​

Los campos durante la Segunda Guerra Mundial.

El secretario de Guerra , Henry L. Stimson, fue el responsable de ayudar a las personas reubicadas con transporte, comida, refugio y otros alojamientos y delegó en el coronel Karl Bendetsen la tarea de administrar la expulsión de los japoneses de la costa oeste. ​ Durante la primavera de 1942, el general John L. DeWitt emitió órdenes al Comando de Defensa Occidental para que los estadounidenses de origen japonés se presentaran para su expulsión. Los "evacuados" fueron llevados primero a centros de reunión temporales, recintos feriales requisados e hipódromos, donde las viviendas a menudo se convertían en puestos de ganado. A medida que se completó la construcción de los campos permanentes y aislados de la Autoridad de Reubicación de Guerra, la población fue trasladada en camión o tren. Estos alojamientos consistían en edificios con paredes de papel alquitranado en partes del país con inviernos crudos y veranos a menudo calurosos. Los campos estaban custodiados por soldados armados y cercados con alambre de púas (medidas de seguridad que no se muestran en las fotografías publicadas de los campos). Los campos albergaban hasta 18.000 personas y eran ciudades pequeñas, con atención médica, alimentación y educación proporcionadas por el gobierno. A los adultos se les ofrecieron "trabajos en el campo" con salarios de 12 a 19 dólares al mes, y muchos de los servicios del campo, como atención médica y educación, fueron proporcionados por los propios internos del campo. ​

Final, disculpa y reparaciones.

El presidente Gerald Ford firma una proclamación que confirma la terminación de la Orden Ejecutiva 9066 (19 de febrero de 1976)

En 1943 y 1944, Roosevelt mantuvo cautivos a los encarcelados en los campos a pesar de las insistencias del fiscal general Francis Biddle y del secretario del Interior Harold L. Ickes . Ickes atribuyó la falta de acción del presidente a su necesidad de ganar California en unas elecciones potencialmente reñidas. En diciembre de 1944, Roosevelt suspendió la Orden Ejecutiva tras la decisión de la Corte Suprema decisión Ex parte Endo . ​ Los detenidos fueron liberados, a menudo en instalaciones de reasentamiento y alojamiento temporal, y los campos fueron cerrados en 1946. ​

En los años posteriores a la guerra, los estadounidenses de origen japonés internados tuvieron que reconstruir sus vidas después de haber sufrido grandes pérdidas personales. Los ciudadanos estadounidenses y residentes más antiguos que habían estado encarcelados perdieron sus libertades personales; muchos también perdieron sus hogares, negocios, propiedades y ahorros. A las personas nacidas en Japón no se les permitió naturalizarse como ciudadanos estadounidenses hasta después de la aprobación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 . ​

El 19 de febrero de 1976, el presidente Gerald Ford firmó una proclama que puso fin formalmente a la Orden Ejecutiva 9066 y, disculpándose por el internamiento, declaró: "Ahora sabemos lo que deberíamos haber sabido entonces: no sólo la evacuación fue incorrecta, sino que los estadounidenses de origen japonés eran y son estadounidenses leales. ... En el campo de batalla y en casa, los nombres de los estadounidenses de origen japonés han quedado y siguen estando escritos en la historia por los sacrificios y las contribuciones que han hecho al bienestar y la seguridad de esta, nuestra nación común". ​

En 1980, el presidente Jimmy Carter firmó una legislación para crear la Comisión sobre Reubicación e Internamiento de Civiles en Tiempos de Guerra (CWRIC). El CWRIC fue designado para realizar un estudio gubernamental oficial de la Orden Ejecutiva 9066, órdenes relacionadas en tiempos de guerra y sus efectos sobre los japoneses estadounidenses en el oeste y los nativos de Alaska en las islas Pribilof .

En diciembre de 1982, el CWRIC publicó sus conclusiones en Personal Justice Denied, concluyendo que el encarcelamiento de estadounidenses de origen japonés no había sido justificado por una necesidad militar. El informe determinó que la decisión de encarcelar se basó en "prejuicios raciales, histeria de guerra y una falla de liderazgo político". La Comisión recomendó remedios legislativos consistentes en una disculpa oficial del Gobierno y pagos de reparación de 20.000 dólares a cada uno de los supervivientes; se creó un fondo de educación pública para ayudar a garantizar que esto no vuelva a suceder ( Pub. L. ). [[Categoría:Represión política en Estados Unidos]] [[Categoría:Historia de la segregación racial en Estados Unidos]] [[Categoría:Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar]]