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| Caso Invercaria | ||
|---|---|---|
| Tribunal | Audiencia de Sevilla | |
| Palabras clave | ||
| Prevaricación y tráfico de influencias | ||
El caso Invercaria es una causa judicial en la que están implicadas varias personas políticas y empresarias de Andalucía en relación a la empresa pública de capital riesgo Invercaria debido a la irregularidad de varias de las inversiones y contratos suscritos por los dirigentes de Invercaria con algunas empresas andaluzas.
Cronología
editarEn 2012, la Cámara de Cuentas de Andalucía detecto irregularidades en ciertos préstamos de inversión y contratos firmados por parte del presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, con la empresa
Piezas separadas
editarAceitunas Tatis
editarLa empresa Aceitunas Tatis, S.L. se constituyó el 27 de septiembre de 2004 en el municipio jienense de La Carolina como empresa de comercio al por mayor y por menos de productos alimenticios. En los hechos probados de la causa, se describe que en fecha no determinada, pero en todo caso anterior a enero de 2009, la administradora única de la empresa, Gracia Rodríguez Cortés, «acuciada por las deudas y la deficiente situación económica» de la empresa, solicitó un aval a la agencia IDEA, que le fue concedido el 19 de enero de 2009. La Fiscalía asevera que la situación económica de la mercantil era «de tal gravedad» que, «a pesar de contar con la concesión del aval tras la tramitación del pertinente expediente, no pudo ser formalizado, debido a que la empresa no obtenía financiación por medios privados, de tal manera que terminó renunciando al aval».[1]
Antes de junio de 2009, aprovechando que le habían puesto en contacto con Pérez-Sauquillo, la administradora de Aceitunas Tatis se presentó en Invercaria y logró entrevistarse personalmente con el presidente. Tras la reunión, la empresa obtuvo un prestamos de 100.000 euros en lo que la Fiscalía tildó de «decisión personal» de Pérez-Sauquillo. Se da por probado además que la documentación en poder de Invercaria sobre la empresa se aportó con posterioridad a la concesión del préstamo, saltándose por tanto el orden lógico de actuaciones. Gracia Rodríguez solicitó más tarde una nueva ayuda de 350.000 euros, que fue denegada.[2] El préstamo participativo de 100.000 euros sí fue concedido el 19 de junio de 2009, aunque el destino del dinero no fue el declarado, si no que fue destinado a pagar a acreedores de la empresa.[1]
La Fiscalía Anticorrupción solicitó seis años de cárcel para Tomás Pérez-Sauquillo por malversación, así como una compensación solidaria conjunta con Gracia Rodríguez Cortés de 108.732,22 euros en favor de Invercaria.[1]
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla sentenció el 23 de enero de 2023 que Tomás Pérez-Sauquillo era culpable de prevaricación, por lo que le impuso una pena de tres años y medio de cárcel, junto a un tiempo igual de inhabilitación y la compensación solidaria íntegra solicitada por Anticorrupción.[3]
Fumapa
editarFumapa, S.L. era una empresa de carpintería metálica propiedad del empresario Fulgencio Canales Rodríguez que recibió en 2009 un préstamo contabilizado como subvención por parte de Invercaria de 359.581,60 euros, cuando la empresa arrastraba un patrimonio negativo de 26.000 euros desde dos años antes y no se había sometido a una auditoria en 2007.[4]
La mitad de la inversión fue transferida a otra mercantil, Fumafra, S.L. también dedicada a la carpintería metálica y propiedad de Francisco Gutiérrez Cañizares.
La causa de Fumapa fue la cuarta pieza de la macrocausa de Invercaria. En la misma, Anticorrupción solicitó dos años y medio de cárcel para el empresario de la sociedad y salpicó a Cristóbal Cantos, director de promoción de Invercaria, que si bien solicitó la necesidad ed contar con una auditoria de las cuentas de la sociedad en el ejercicio de 2007, calificó a la empresa de «un perfil positivo para recomendar la inversión solicitada».[5]
La Sala Primera de la Audiencia de Sevilla absolvió a tres miembros del consejo de administración de Invercaria en la causa de las ayudas a Fumapa: Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete y Ramón Martín López; y condenó a Tomás Pérez Sauquillo a tres años y un día de cárcel (prevaricación y malversación de caudales), y al empresario Fulgencio Canales Rodríguez a un año y seis meses de cárcel e inhabilitación absoluta durante tres años (inductor de un delito de malversación).[6]
Servivation
editarOperador Aéreo Ándalus
editarLolita Canalla
editarFIVA
editarFerias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA)
Own Spa
editarTabla resumen de la causa
editarImputados
editarA finales de 2023, había __ imputados
Véase también
editarReferencias
editar- ↑ a b c Europa Press (20 de julio de 2017). «Anticorrupción pide otros seis años de cárcel para el ex presidente de Invercaria». El Mundo. Consultado el 28 de noviembre de 2023.
- ↑ Contreras, Manuel (9 de febrero de 2023). «Así son las 'aceitunas eróticas' que le han costado la cárcel al expresidente de Invercaria». ABC. Consultado el 28 de noviembre de 2023.
- ↑ E. P. (10 de febrero de 2023). «Ordenan el "inmediato ingreso" en prisión del expresidente de Invercaria por su condena en Tatis». El Confidencial. Consultado el 28 de noviembre de 2023.
- ↑ Muñoz, Jorge (26 de octubre de 2021). «El empresario de Fumapa le dijo a su asesor que "ya verían si se devolvía o no" el préstamo de Invercaria». Diario de Sevilla. Consultado el 9 de enero de 2024.
- ↑ Europa Press (25 de octubre de 2021). «Cristóbal Cantos asegura que Fumapa era "un tema" de Pérez-Sauquillo y que su informe "bloqueaba" la inversión». Consultado el 9 de enero de 2024.
- ↑ Muñoz, Jorge (21 de diciembre de 2021). «La Audiencia absuelve a tres miembros del consejo de administración de Invercaria por las ayudas a Fumapa». Diario de Sevilla. Consultado el 9 de enero de 2024.
Categoría:Casos judiciales de España Categoría:Corrupción en Andalucía