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Censura en Perú

situación de la libertad de expresión en Perú

La censura en Perú se refiere a todas las acciones que se pueden considerar como la supresión de la libertad de expresión en el país. En Perú, la censura ocurrió en diversas etapas de su historia por motivos políticos, con mayor énfasis en la prensa y el cine.

Historia

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Perú históricamente reconoció las ideas liberales en la entonces Constitución española de 1812.[1]​

Siglo XX

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A inicios de 1926 se formó la Junta Censora de Películas para controlar contenido que considere el gobierno inapropiado para su exhibición.[2]​ Esta se desarrolló desde 1947,[3]​ como la Junta de Supervigilancia de Películas, organismo que velaba incluso en controlar ideas morales y políticas.[4]​ En 1972, esta institución se renombró a la Comisión de Promoción Cinematográfica (Coproci), que fue responsable de emitir certificados para garantizar su exhibición en las salas de cines.[5]​

En 1939, durante el gobierno de Óscar R. Benavides, se ordenó a las radios que no emitieran 10 temas de música criolla. El músico Enrique Pozo Zegarra afirmó en un artículo de La Tribuna (1948) que Luis Molina, Pedro Espinel y Felipe Pinglo eran vetados en la radio Goicochea por supuestamente estar relacionados con ideas del aprismo.[6]​

Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado no solo se aplicaron medidas contra las artes, sino también contra la prensa. Se implementó una nueva ley de prensa que ordenaba la expropiación de todos los periódicos de circulación nacional en 1974,[7]​ además de permitir que el concesionario tuviera mayor posesión.[8]​ En el gobierno, se cerraron los periódicos y se acusó a los editores de distorsionar sus informes para influir en el público, y se envió a los editores al exilio.[7]​[9]​ Velasco también expropió los principales canales de televisión y estaciones de radio del país.[9]​ Solo podían operar las plataformas de prensa que compartían los objetivos principales del régimen, alinear los medios de comunicación con el interés social del militar.[9]​ Velasco utilizó a burócratas designados por el gobierno para revisar los artículos que se publicaban.[9]​ Aunque Velasco logró ocultar opiniones opuestas en gran parte de la prensa, algunas organizaciones de prensa independientes lograron sobrevivir a fines de la década de 1970.[7]​ Para los años 1980, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry redujo las penas por delitos de difamación e injuria y estableció el abuso de autoridad para funcionarios que intentaron censurar medios de comunicación.[10]​

El diario La República se lanzó en formato berlinés en 1981 para luego relanzarse en tabloide a fines de aquella década, en medio de presiones de cierre por las Fuerzas Armadas del Perú.[11]​ A fines de la década de 1980, las Fuerzas Armadas del Perú crearon el Plan Verde, que supuso en sus planes políticos el genocidio de los peruanos empobrecidos e indígenas, el control o censura de la prensa en la nación y el establecimiento de una economía neoliberal controlada por una junta militar.[12]​[13]​[14]​

Después de las elecciones generales de Perú de 1990, el nuevo presidente electo Alberto Fujimori adoptaría muchas de las políticas descritas en el Plan Verde.[15]​[16]​ En 1991, se produjo un notable incidente de censura contra los diarios La República y El Comercio, que duró un día.[17]​ Durante el período del golpe de 1992, sólo al gobierno de Fujimori se le permitió comunicarse con el público y todos los periódicos se imprimieron bajo observación militar y tenían contenido similar; se ordenó a todos los periódicos que no incluyeran la palabra «golpe».[18]​[19]​ Posteriormente, Fujimori evitó intervenciones directas sobre la prensa, ya que la mayoría de los medios respaldaban sus objetivos, garantizando así la estabilidad de los intereses empresariales. Esto quedó demostrado por el rechazo del proyecto de creación del Consejo Peruano de Cultura y Comunicación, así como una propuesta posterior del Congreso de la República en este sentido.[20]​ Asimismo, en 1993 se registraron detenciones a periodistas.[17]​

Durante el resto del mandato de Fujimori, su gobierno financió a los medios de comunicación a cambio de ofrecer una cobertura positiva y leal hacia la presidencia.[21]​ Por medio de la red de corrupción, se realizaron sobornos y promesas de clemencia legal a múltiples tabloides de la prensa chicha, al diario Expreso y a los canales de televisión Global Televisión, Latina Televisión, ATV, América Televisión y Panamericana Televisión.[21]​ El gobierno no afectó a los portales de Internet emergentes en el país, que fueron creados por grupos de oposición y en los que se publicaba contenido.[22]​

Siglo XXI

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Después del gobierno de Fujimori, Perú emprendió esfuerzos para restaurar los procesos democráticos, y con estos surgieron iniciativas para restaurar la libertad de prensa a partir del gobierno de Valentín Paniagua.[7]​ Sin embargo, coincidiendo con expresiones de veto y mordaza contra la memoria de la Comisión de la Verdad y Reconciliación,[23]​ resurgieron amenazas por parte de varios gobiernos oficialistas y militares.[24]​ En 2004, el legislador Jorge Mufarech propuso tomar acciones de censura a los medios por acusaciones en contra de Alejandro Toledo.[25]​

Años después, en 2007, el Instituto Nacional de Cultura concedió la censura de la exposición encabezada por pintor Piero Quijano.[26]​[27]​ Alan García justificó que una de sus obras mostraba como ofensa a las Fuerzas Armadas.[28]​ En 2008, Perú 21 impidió presentar la obra realizada por el artista Álvaro Portales en la sección «Otorongo» por su fuerte contenido contra García.[29]​

En la década de 2010, la violencia y las amenazas de muerte contra los trabajadores de la prensa provocaron el declive de la libertad de prensa en Perú;[30]​ además del cierre de programas políticos como El francotirador y Enemigos públicos.[31]​ Este incluyó, como apartente estrategia neoliberalista en el gobierno de Alan García,[32]​ la clausura de La Voz de Bagua, tras los sucesos en esa ciudad en 2009 y años posteriores por otros gobiernos,[33]​[34]​[35]​ luego que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones revocara la licencia.[36]​[37]​

El año 2012 generó otra controversia por orden del Ministerio de Justicia tras censurar obras relacionadas con la captura de Abimael Guzmán.[38]​ Además, en diciembre de ese año, se negó el acceso público a la información sobre seguridad y defensa nacional.[39]​[40]​ A pesar de la existencia de leyes de acceso a la información, en la práctica los documentos oficiales no siempre se ponen a disposición de los periodistas.[40]​

Durante la crisis de fines de la década de 2010, el Congreso intentó controlar a la prensa.[41]​ Los ataques verbales contra trabajadores de la prensa por parte de políticos aumentaron en la década de 2020, y Reporteros sin Fronteras documentó que grupos de extrema derecha en Perú atacaban a periodistas.[42]​ Uno de los grupos notables en tales ataques es La Resistencia, en que la CPJ reportó en 2023 el hostigamiento por parte de los colectivos.[43]​

En 2018, la jueza la jueza Yanet Ofelia Paredes Salas ordenó el retiro de la serie La paisana Jacinta en las plataformas de televisión y redes sociales de Latina Televisión. Si bien se tomó como motivo al rechazo de la discriminación por procedencia étnica, se discutió si el pedido interfiere con el artículo 2, inciso 4, de la Constitución de 1993.[44]​

Crisis política de 2021-presente

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En 2022, durante la crisis política ocurrida desde 2021, el Congreso de la República estableció la prohibición de que sus trabajadores realicen declaraciones públicas que «[afecten] la imagen del Congreso o la dignidad de los congresistas».[45]​ Entre los afectados se encuentra un asesor de la congresista Flor Pablo, Diego Pomareda, sancionado tras denunciar en Twitter un caso de abuso de poder del parlamento.[46]​[47]​

En 2023, tras el período de convulsión social, la administración de Dina Boluarte, respaldada por sectores conservadores del parlamento, propuso medidas para abordar la incitación a la violencia en las protestas, incluyendo sanciones para los comunicadores que promuevan dichos actos.[48]​ Esta propuesta fue seguida por intentos de separar de la IRTP a quienes se oponen al mandato de Boluarte y la formulación de palabras prohibidas en los libros escolares por su carácter sensible.[49]​

Estas acciones se extendieron a los esfuerzos por ejercer presión sobre funcionarios de alto rango. Entre los destituidos se encontraba Rudecindo Vega, miembro del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil del Perú, a petición de la ministra de Trabajo.[50]​[51]​[52]​ Seguido de Edgardo Rodríguez Gómez, jefe de la dirección general de derechos humanos, por elaborar un informe que criticaba un proyecto de ley que amnistía a las personas que cometieron violaciones de los derechos humanos hasta 2003.[53]​

Mientras tanto, el Colegio de Abogados de Ayacucho señaló que la Defensoría del Pueblo intentó regular las canciones tradicionales del carnaval de Ayacucho.[54]​ Asimismo, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho denunció que la policía había censurado otro carro alegórico durante el carnaval ayacuchano.[55]​ En Cuzco, ocurrió un caso similar con la obra La Descarada, de César Aguilar «Chillico», que hacía alusión a Dina Boluarte. Los intentos de las autoridades de evitar cualquier manifestación contra Dina Boluarte continuaron en 2024 en Arequipa, cuando la policía arrebató una cometa en el aire con el mensaje «Fuera»;[56]​[57]​ en Juanjí, cuando el director del instituto obligó a una influencer a recibir amablemente a la presidenta para apoyar sus estudios;[58]​ y en Lima, cuando vetaron la presentación del Dúo Argedas en el Gran Teatro Nacional[59]​[60]​ e impidieron la exhibición de obras pictóricas por parte de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca.[61]​

En 2024, la Policía Nacional del Perú presentó una denuncia contra el caricaturista Carlín, acusándolo de atentar contra la imagen de la institución.[62]​ Se trató de uno de los precedentes de un juicio a un caricaturista en el país, según la periodista Zuliana Lainez.[63]​ Ante ello, la Asociación Nacional de Periodistas y el Consejo de la Prensa Peruana criticaron el empleo del comunicado como una estrategia para emprender acciones legales contra el caricaturista.[64]​[65]​ En solidaridad a Carlín, varios caricaturistas compartieron sus propias viñetas relacionadas con la Policía.[66]​

También, en 2024, el Ministerio Público denunció a la artista Lola Estrada por supuestamente ultrajar la bandera peruana cuando escenificaba una parodia de Dina Boluarte en enero de 2023.[67]​[68]​

Censura a la obra de Chillico
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En 2023, pobladores denunciaron intentos de censura en su obra alegórica contra la mandataria Dina Boluarte denominada La Descarada,[69]​[70]​[71]​ inspirada en el calificativo de «Dina asesina».[72]​ Días después, se descubrió que la obra fue desmontada y quemada.[73]​ Como resultado, una nueva copia fue presentada en Arequipa.[74]​ En agosto de ese año, su creador César Aguilar «Chillico» (artista quien colaboró con la revista Hildebrandt en sus Trece y recibió el acoso de La Resistencia)[75]​ fue despedido de la universidad, supestamente oficialista, donde enseñó;[76]​ caso que su veto al público permaneció con la prohibición de otras exposiciones por parte de la Policía Nacional del Perú.[77]​

Las intenciones de censura continuaron al año siguiente, cuando se realizaba una exposición de sus obras.[78]​

Omisión de informes gubernamentales
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En el ámbito de la pobreza, en 2023 se impidió que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revelara la pobreza generalizada en el país durante el mandato de Dina Boluarte.[79]​[80]​ Mientras tanto, se estuvo trabajando en un método que pudiera manipular sus cifras para presentarlas al público.[81]​ Asimismo, se mantuvo en secreto un informe completo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sobre el hambre.[82]​

En 2024, se descubrió en una reunión de la Comisión Consultiva de Medición de la Pobreza que se habría creado un Decreto Supremo para quitar al INEI la facultad de realizar la medición de la pobreza multisectorial y que esta pase a manos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es decir, del gobierno de Dina Boluarte.[83]​

La omisión del informe se habría repetido en el sector clima, a cargo del Ministerio del Ambiente, según el semanario Hildebrandt en sus trece.[84]​

«Ley anticine»
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Video externo
  Un vídeo explicado por el crítico de cine Ricardo Bedoya acerca de la conexión censora entre la ley del cine de 2024 y la de 1972.
Atención: este archivo está alojado en un sitio externo, fuera del control de la Fundación Wikimedia.

En el ámbito cinematográfico, en 2024 se denunciaron la eliminación de convocatorias para la promoción de la producción audiovisual regional y la solicitud de información sobre la financiación de películas parcialmente subvencionadas por el Estado.[85]​ Las inquietudes surgieron en el contexto de la distribución del largometraje La piel más temida.[86]​ Dicha película generó polémica por su tratamiento de los grupos subversivos de izquierda radical y la memoria histórica.[87]​

Posteriormente, legisladores solicitaron la creación de una comisión para examinar los estímulos económicos estatales asignados a la producción audiovisual peruana en años anteriores con el fin de supervisar «proyectos artísticos con carga ideológica».[88]​ Como respuesta a las críticas de sectores conservadores sobre el largometraje, que desafiaba narrativas conservadoras predominantes sobre la época de terrorismo, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, anunció la revisión de la financiación estatal para promover «la paz, la democracia y la memoria histórica de la nación».[89]​[90]​ Artistas como Wicho García denunciaron la medida como una forma de censura a la expresión cultural.[91]​

En junio de 2024, los congresistas aprobaron la modificación de la ley del cine, en la cual Promperú gestiona las producciones cinematográficas en todo el territorio peruano.[92]​ Uno de los artículos modificados establece «la exigencia de respeto a las buenas costumbres y la defensa de los intereses del Estado peruano». Esta regla fue criticada por permitir al Estado revisar los guiones antes de su aprobación,[93]​ presuntamente controlada por sectores autoritarios y conservadores.[94]​ Una de las figuras destacadas de la cultura peruana, Sonaly Tuesta, apodó esta sanción legislativa como la «ley anticine».[95]​

Véase también

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Referencias

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Bibliografía

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